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ATE realizó una grave denuncia tras constatar que dos personas ajenas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ingresan desde hace semanas a la sede central del organismo en General Roca y tienen acceso información sensible de casi 100.000 beneficiarios y beneficiarias de la obra social.

Además, estas personas manipulan expedientes con información importante e incluso tienen acceso a datos reservados, como patologías y enfermedades graves.

En un hecho inédito en el organismo, que podrían configurar un delito penal, estas personas no solo ingresaron a documentación privada y confidencial de todos los beneficiarios, sino que intentaron dar instrucciones a algunos empleados.

Para ATE los acontecimientos son de una gravedad inusitada, ya que además se trata de dos individuos que podrían estar procesados por la comisión de distintos delitos.

Es por esto que el gremio extendió la medida de fuerza por 24 horas y acampó en el lugar mientras avanza en la identificación de los denunciados, exigió explicaciones urgentes al director Nacional, Esteban Leguizamo, y al director provincial, Carlos Montenegro, y no descarta presentarse en la justicia.