Opinión

La semana pasada otro feminicidio enlutó a Córdoba: Catalina Gutiérrez, una chica de 21 años fue asesinada en un claro caso de feminicidio, por un amigo que era su compañero de estudios. La imputación que pesa sobre Néstor Soto, el feminicida, es al día de hoy “homicidio agravado por alevosía y violencia de género”.

«En un país donde abundan los discursos de odio y son reivindicados por el Gobierno nacional, no queremos seguir sumando víctimas. Reclamamos formación y políticas públicas con perspectivas de género y denunciamos el desmantelamiento de organismos del Estado destinados a la prevención y lucha contra la violencia de género», señaló el colectivo #Niunamenos Córdoba en un comunicado.

Desde ATE hacemos nuestras sus palabras: no son enfermos, ni son locos, son hijos sanos del patriarcado. «Los feminicidas no son personas alejadas, en la mayoría de los casos se encuentran en nuestro círculo cercano», insistió #Niunamenos.

El caso, incluido en una seguidilla de feminicidios que no se detuvo este 2024, forma parte de una sumatoria de asesinatos de mujeres, diversidades y personas trans ocurridos a lo largo del año pasado, cuando se registraron 272 feminicidios directos según un informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El número de víctimas directas representó un 11% de aumento respecto de 2022.

En ese marco, quién cuidará a las víctimas, quién tomará medidas preventivas sin Estado presente, sin políticas y campañas de formación y concientización hacía la sociedad argentina, para que entienda a la violencia de género como una realidad concreta, social y estructural.

El lamentable desmantelamiento de las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, erigidas durante la última década, y la práctica supresión de los organismos del Estado dispuestos para aplicarlas, profundiza este estado de situación.

Así lo denunció ATE hace dos semanas, cuando realizó una jornada de lucha frente al ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Capital Federal.

Vale mencionar que en 2024 el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va del año, un 33% más bajo que el 2023. Se trata de un ajuste mayor que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%.

«Este cuadro general tiene a la provincia de Córdoba como uno de los ejemplos cabales. Desde diciembre a esta parte hay una clara avanzada sobre los organismos que garantizan políticas públicas para las mujeres, diversidades y sectores más vulnerables: INADI, ANDIS, Ministerio de la Mujer, Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, SENNAF, Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), dependientes del Ministerio de Justicia de Nación, o PAMI están siendo arrasados por los despidos, donde la inmensa mayoría son mujeres trabajadoras, madres de familia y, en muchos casos también, sostén del hogar», consignó recientemente un informe de la Secretaria de Género del Consejo Directivo Provincial.

Cabe destacar que el Gobierno de Córdoba también viene adoptando medidas de ajuste, en sintonía a las que impone en el sector la gestión libertaria, con el vaciamiento de organismos como la SENAF, donde recientemente despidió siete profesionales que ya había despedido en diciembre y reincorporado en enero, dando cuenta del manoseo al que se ven sometidas estas compañeras, todas sostén de hogar.

Programas desaparecidos en materia de géneros y diversidades

• Línea Nacional 144 y centros de asistencia para víctimas de violencia de género.
• Ley Brisa: apoyo económico para hijos de víctimas de feminicidio.
• Ley Micaela: capacitación obligatoria en género y violencia para funcionarios públicos.
• Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas.
• Plan ENIA: prevención del embarazo adolescente.
• Programas “Acompañar” y “Acercar Derechos” para víctimas de violencia de género.
• Programas “Emprender Mujeres” y “Producir con Equidad” para fomentar la autonomía económica.
• Programas “Igualar” y “Sembrar Igualdad” para reducir brechas de género en el trabajo y la producción.
• Equidad en el Deporte: inclusión de la perspectiva de género en instituciones deportivas.
• Equidad en la Ciencia: promover la igualdad de género en investigación y ciencia.

De esta manera no sólo se despide trabajadores estatales que garantizan derechos, sino que se perjudica a población vulnerable y en riesgo, incumpliendo normativa nacional y tratados internacionales.

*Julia Giuliani, Secretaria de Comunicación Consejo Directivo Provincial Córdoba y vocal del Consejo Directivo Nacional