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Luego de conmemorarse el noveno aniversario del grito Ni Una Menos, lucha que encontró a cientos de miles en las calles reclamando sobre la responsabilidad del Estado en el abordaje de las violencias y en la construcción de respuestas integrales frente a una problemática que nos afecta a todas y todos, siguen anunciándose desde el Gobierno Nacional malas noticias para el conjunto de la sociedad. En este caso, Claudia Barcia a cargo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (ex MMGYD) anunció que el próximo 30 de junio reducirá en un 80% la planta de trabajadoras y trabajadores del organismo. Por lo tanto, más de 500 personas quedarían sin trabajo y, dicha cartera quedaría funcionando solo con 100 personas aproximadamente.

“Nos encontramos frente al vaciamiento de políticas de prevención, protección y asistencia de las violencias por motivos de género, esto se enmarca en el brutal ajuste que el Gobierno de Milei quiere seguir realizando en degradación del Estado Nacional y profundizar la política de confrontación con los feminismos y los transfeminismos”, alertó Fernanda Fuentealba, Secretaria General de la Junta Interna de ATE en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y remarcó que “En la actualidad, hay políticas públicas que el organismo sigue teniendo bajo su responsabilidad en cumplimiento de la norma vigente. Es por eso que decimos que sin trabajadores no hay línea 144 que escuche, oriente y acompañe. No hay programa acompañar para salir de las situaciones de violencia. No hay cumplimiento de la ley Micaela. No hay atención, acompañamiento y asistencia integral a las personas en situaciones de violencia por motivos de género. Es por eso que decimos que sin trabajadores no hay políticas públicas”.

A tan solo seis meses del inicio de la gestión de Javier Milei se evidencia un profundo deterioro de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias por motivos de género. El brutal ajuste que el Gobierno Nacional quiere seguir perpetuando en pos del achicamiento del Estado también abarca al colectivo LGBTI+ y trans feminismos. 

Es importante mencionar que las y los trabajadores del ex MMGYD vienen luchando por sus condiciones laborales, denunciando despidos y renovaciones de contrato trimestrales que dan cuenta de su precarización laboral. Otro hecho simbólico ha sido el cierre de la sede principal del ex Ministerio que impide que un gran conjunto de trabajadoras y trabajadores tenga un espacio físico donde realizar sus tareas diarias.

Desde ATE se denunció a la actual funcionaria Claudia Barcia por su pronunciamiento para llevar a cabo el vaciamiento del área con los despidos anunciados y se recordó que dicha cartera sigue teniendo bajo su responsabilidad el cumplimiento de la normativa vigente como la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485), la Ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros «Diana Sacayán-Lohana Berkins», la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley Micaela (Ley 27499), entre otras. Además, se acusa al Gobierno Nacional por los recortes presupuestarios que deliberadamente hizo en los múltiples programas nacionales que son clave para el abordaje integral de las brechas de género.

Sin políticas públicas de género, no se baja el número de femicidios, transfemicidios, lesbicidios y travesticidios; no hay Línea 144 que escuche, oriente y acompañe; no hay programas de acompañamiento económico para salir de las situaciones de violencia; no hay cumplimiento de la Ley Micaela; no hay atención, acompañamiento y asistencia integral a las mujeres y diversidades.