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El dirigente de la conducción nacional de ATE, Mario Muñoz, que presenció este martes la audiencia de acusación que se sigue a la conducción provincial de ATE Mendoza, señaló que “ninguno de los 26 testigos que declararon en esta audiencia dijo ver a las y los dirigentes de ATE cometer el delito por el que la Fiscalía acusa a nuestra dirigencia”.

Muñoz, junto al Secretario General de la ATE San Luis, Fernando Gatica, participaron este martes de la audiencia acusatoria que pesa sobre Roberto Macho (Secretario General); Adriana Iranzo (Secretaria Adjunta); Roberto Podio (Secretario de Comunicación); y Romina Castro (Secretaria de Derechos Humanos), quienes fueron imputados por la justicia provincial por encabezar un reclamo por salarios y condiciones laborales dignas durante el año 2022, en un conflicto que tuvo una duración de más de 80 días.

El dirigente nacional destacó que “entre los 26 testigos había también inspectores y comisarios. Ninguno avaló en su declaración la tesis del delito que quiere imponer la Fiscalía. Ninguno dijo que desde ATE se interrumpió el tránsito”.

La próxima audiencia está prevista para el 11 de septiembre, donde Muñoz entiende “debería salir una total absolución de las y los compañeros de ATE Mendoza. Creemos que la causa así como fue inventada también debe caer”.

Por último el dirigente refrendó la postura del sindicato sobre que en cada reclamo los gobiernos tratan de criminalizar la protesta: “Debemos asegurarnos que no sean violentado los derechos de quiénes defienden la lucha”, sostuvo.

Esta línea la viene sosteniendo el Consejo Directivo Nacional en todos y cada uno de los ejercicios de disciplinamiento que busca imponer el gobierno nacional y los gobiernos provinciales cada vez que surge un reclamo.   

Sobre esta conducta gubernamental el Secretario General del Consejo Nacional, Rodolfo Aguiar, viene sosteniendo que “cuando un Gobierno recurre a procesos judiciales o represivos contra quienes reclaman por sus derechos, queda en evidencia que no tiene la legitimidad para implementar sus políticas”.

En este sentido Aguiar precisó que “no podemos naturalizar que se judicialice a dirigentes sindicales sólo por peticionar en la vía pública. Cuando un Gobierno recurre a procesos judiciales o represivos contra quienes reclaman por sus derechos, queda en evidencia que no tiene la legitimidad para implementar sus políticas”.

Por su parte el Secretario General de la ATE San Luis, presente en la audiencia y que además conduce el sindicato en una provincia donde desde diciembre se viene ajustando con fuerza el salario de las y los trabajadores estatales señaló que “hay un correlato de lo que pasa en las provincias con la bajada de línea del gobierno nacional. Gobernadores e intendentes se sienten habilitados a perseguir a las y los trabajadores y vulnerar sus derechos y también ir muy fuertes en contra de quienes somos en las provincias los que organizamos desde ATE esa resistencia en todo el país”.

Subraya Gatica que “lo que pasó aquí en Mendoza es muy grave porque se han inventado diferentes causas. Haber estado en el juicio nos permite tener la claridad de escuchar al abogado encargado de defender los intereses de las y los compañeros del CDP Mendoza donde explicaba que no hay ninguna prueba para tener sentado en el banquillo de acusado a nuestras y nuestros compañeros solamente por protestar”.

Gatica recuerda que “esto que ocurre en Mendoza se suma a lo que pasó en Córdoba, en Jujuy, Chaco y otros lugares y que nos pasa a nosotros en San Luis con el gobierno provincial (encabezado por Claudio Poggi) y en la Municipalidad capitalina (gobierna Gastón Hissa), que desde que asumieron nos vienen inventando causas”.

Para el dirigente todas estas acciones que conducen siempre contra dirigentes de ATE “tiene un hilo conductor y ese es que ATE es el sindicato que en el país encabeza la resistencia contra estos gobiernos ajustadoras”.