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Durante la mañana de este miércoles 11 de septiembre representantes de ATE Mendoza concurrieron al Polo Judicial de la provincia para retomar el cuarto intermedio en el que había quedado la audiencia de acusación contra dirigentes sindicales de la ATE local, entre los cuales se encuentran el Secretario General Roberto Macho, la Secretaria Adjunta Adriana Iranzo, el Secretario de Comunicación Roberto Podio, y la Secretaria de Derechos Humanos Romina Castro, imputados por no respetar el Artículo 194 del Código Penal, entorpecer la vía pública, al realizar reiteradas medidas de fuerza en el año 2022 en una lucha que duró más de 80 días en las calles y lugares de trabajo de Mendoza.

En esta jornada, los fiscales de instrucción del Ministerio Público Fiscal, Fernando Giunta y Darío Tagua, sostuvieron la validez del procedimiento correccional comenzado, como etapa procesal previa al juicio oral y público al cual pretenden llegar para que un juez pueda condenar a los dirigentes acusados por los hechos apuntados.

En pocas palabras, la fiscalía entiende que deben ser rechazados los pedidos de nulidad, que presentaron las defensas de los distintos dirigentes sindicales imputados (salvo la del gremio de ATSA que desestimó todos los planteos y pidió la suspensión del juicio a prueba), y elevar las causas a juicio oral y público, por la existencia del hecho y la participación de los acusados.

Frente a esta falaz postura, una vez finalizada la audiencia tomó la palabra Roberto Macho, quien dijo: “Consideramos muy rancio lo que han dicho los fiscales, tanto Giunta como Tagua, en cuanto a las mentiras repetidas que esgrimen algunos testigos, quienes no pueden fundamentar en ninguna circunstancia que nosotros estuvimos en esos lugares, ya que, por el contrario, estuvimos en las audiencias Paritarias. Por otro lado, esto es una condena a la protesta social, criminalizarla y perseguir puntualmente a las personas que conducen los conflictos por mejoras en las condiciones salariales y laborales de los trabajadores”.

En este sentido, el Secretario General de ATE Mendoza puntualizó: “Lamentablemente, comparo mucho este proceso con lo que pasaba en la dictadura, cuando nombraban a dos o tres compañeros y compañeras, entre ellas a Adriana Iranzo y Roberto Podio, a quienes destacaban por la persecución política que están padeciendo, como lo hacen conmigo también. Más allá de eso, el día 8 de octubre a las 11 horas, el juez resolverá sobre las nulidades planteadas, hacer lugar o ir a un juicio. En definitiva, el juez resolverá si hay una condena por protestar”.

Precisamente, el juez evaluará si las pruebas son concretas para condenar a aquellos que luchan. Es decir que, el magistrado resolverá para ver si los dirigentes que protestan lo pueden hacer, o directamente tienen que ir y aceptar lo que la patronal les dice.

Vale destacar que la audiencia de acusación que se desarrolló hoy pasó a un cuarto intermedio para la primera semana de octubre, fechas que seguramente coincidirán con la apertura de las discusiones Paritarias salariales correspondientes al último trimestre del año. ¿Casualidad o causalidad?

“Asistimos a una audiencia de muy baja categoría por parte de los fiscales del Ministerio Público Fiscal, muy rancia, persecutoria, mentirosa y con falta de datos precisos. En fin, el martes 8 de octubre a las 11 horas, vamos a tener la primera respuesta de este proceso, que según entendemos tendrá que salir a favor nuestro. Ahí sí vamos a convocar a todos los compañeros para decidir cómo sigue todo esto. Debemos entender que la lucha sigue. La protesta es un derecho genuino y constitucional que tenemos. Vamos a seguir adelante”, concluyó Roberto Macho.