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25.09.2024

ATE Mendoza resolvió declararse en Estado de Asamblea y Movilización Permanente

Delegados y congresales de todos los sectores estatales de trabajo representados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la Provincia de Mendoza decidieron adoptar medidas de acción directa –a partir del martes 8 de octubre- en reclamo por mejoras en las condiciones salariales y laborales, contra la criminalización de la protesta y la persecución a los referentes sindicales.

Este martes 24 de septiembre el Consejo Directivo Provincial de ATE Mendoza llevó a cabo una Asamblea General de Delegados y Congresales de los sectores Salud, Desarrollo Social, Administración Central, Educación, Municipales, entes autárquicos, centralizados y descentralizados, en la sede central del sindicato en la capital provincial. La participación fue multitudinaria, y el temario que se trató estuvo centrado en dos aspectos de relevancia: la apertura de Paritarias y el fallo en el Polo Judicial sobre las causas que armó el Gobierno para meter presos a los dirigentes gremiales que encabezan la conducción provincial de ATE Mendoza.

El Secretario General de ATE Mendoza, Roberto Macho, comentó: “En la Asamblea General se tocaron varios temas, uno de ellos fue el aspecto salarial, ya que se vienen las Paritarias, donde insistiremos en que ningún trabajador puede estar por debajo del costo de la canasta alimentaria, que hoy está en $1.190.000. Sin embargo, a los trabajadores de muchos sectores les falta mucho para llegar a ese monto. Por ende consideramos que el aumento salarial tiene que estar por encima de la inflación y empezar a acercarnos a esas cifras que destacamos, debido a la gran pérdida del poder adquisitivo que sufrimos en estos meses”.

Por otro lado, se habló mucho sobre el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad del ingreso y ascenso en el Estado, sin concurso público de antecedentes.

“Me sorprendo cuando veo al Gobernador de la Provincia de Mendoza festejar esto. El fallo te habla concretamente de la idoneidad de los trabajadores para entrar en el Estado. Eso ya lo vimos con el estudio jurídico de Pérez Hualde, en un fallo de ATE en el año 2017, por un recurso que se interpuso en su momento. Es más, nuestro sindicato fue uno de los pioneros en solicitar la apertura de los concursos, para que los trabajadores pudieran pasar a Planta, con la certificación y antigüedad correspondiente. El gran problema para abrir los concursos en distintos sectores radica en que el Gobierno mantiene a más de 2.000 trabajadores precarizados. El fallo hace mención sobre esta cantidad existente, más la regularización y las condiciones que tienen que tener estos trabajadores para poder pasar a Planta”, detalló Macho.

Otro de los aspectos preocupantes y centrales que se discutieron en la Asamblea General fue el de la persecución que están sufriendo los dirigentes sindicales de la Asociación Trabajadores del Estado, entre los que figuran tanto secretarios como delegados gremiales, a quienes se les aplican recortes de días y salarios.

“En nuestro caso ya nos imputaron y acusaron, ahora nos quieren meter presos. Y justo en el contexto paritario nos llaman a una audiencia para resolver si elevan o no a juicio todas las causas puestas en su momento, por el Ministerio Público Fiscal, a través de los funcionarios de Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo. Por eso, la Asamblea General, en forma unánime, resolvió declarar un Estado de Asamblea y Movilización de manera permanente y consecutiva. Teniendo presente la persecución gremial contra los dirigentes sindicales, las imputaciones, la criminalización de la protesta social y la quita de derechos hacia los trabajadores y la población en general. Hablamos de derechos en Salud, Educación, jubilación, tener un salario digno y poder comer todos los días”, apuntó el Secretario General de ATE Mendoza.

En este sentido, se declaró el Estado de Asamblea y Movilización Permanente en los lugares de trabajo de toda la provincia, para decirle basta al Gobierno y exigir que se respeten las garantías constitucionales y los Derechos Humanos esenciales. El Gobierno cuenta con las herramientas para otorgar un salario digno a los trabajares. Sólo falta la voluntad y la decisión política para llevarlo adelante.

“Vamos a ir a la Paritaria reclamando un salario igual al costo de la canasta alimentaria, como también iremos comunicando un estado de asamblea y movilización permanente, a partir del martes 8 de octubre, misma fecha en la que nos han llamado a una audiencia para que el juez resuelva si los dirigentes sindicales somos culpables por protestar y manifestar disidencias contra el Gobierno, solicitando un salario digno y mejores condiciones de vida para todos los trabajadores estatales”, enfatizó el Secretario General de ATE Mendoza.

Solidaridad y empatía

Luego de finalizada la Asamblea General, Adriana Iranzo, Secretaria Adjunta de ATE Mendoza, se expresó en la misma sintonía e hizo un firme llamado a las bases: “Queremos pedirles a los trabajadores que no pierdan la conciencia y la memoria. Todo lo que ustedes tuvieron hasta aquí fue gracias a la lucha que libramos en las calles y reparticiones de toda la provincia, con dirigentes sindicales que mantuvieron la coherencia, sin venderse a los intereses de los grupos de poder, ni traicionar las necesidades de la clase obrera. Por más que quieran encarcelarnos y desaparecernos, con causas armadas como en las épocas más nefastas de la dictadura militar, esperamos que la democracia persista en la Justicia, para ver que somos dirigentes sindicales que alzan la voz de aquellos trabajadores que prestan servicios esenciales a la sociedad, como son la Salud, la Educación y la administración”.

La representante sindical fue un poco más allá al subrayar: “Queremos un Estado garantista de derechos, que atienda a más de la mitad de la población que no cuenta con recursos para poder acceder a coberturas privadas. Sepa usted, señor Gobernador, que puede perseguirnos, pero que la clase trabajadora no se va a detener en luchar para reivindicar sus derechos. El Estado debe garantizar servicios sanitarios, educacionales y administrativos a la población”.

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