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La Asociación Trabajadores del Estado rechazó los traslados masivos de trabajadoras y trabajadores de la Unidad de Desarrollo Regional dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, luego de que los mismos hayan recibido una notificación para presentarse en otro lugar de trabajo para cumplir funciones diferentes. El Sindicato se manifestó en Estado de Alerta y Asamblea Permanente.

La Unidad de Desarrollo Regional (UDeR), que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba, cumple con tareas de protección de derechos, de garantía de derechos, de seguimientos de casos intervenidos por la justicia, de las infancias, adolescencias y familias más vulnerables. En este caso, que es en la localidad de Unquillo, atiende a las familias de todo el corredor de las Sierras Chicas de Córdoba.

“Cientos de niños, niñas, adolescentes y familias quedan desprotegidos o con limitaciones en los programas que desarrollan, en la atención de casos judicializados. Así como en el Gobierno Nacional la política es achicar o retirar al Estado de los territorios, en Córdoba se vienen aplicando políticas similares. Se criminaliza a las infancias, las juventudes, los sectores populares y con estas acciones de achicar los equipos técnicos y de trabajo les quitan sus derechos”, afirmó Irina Silberman, del Consejo Directivo Provincial de Córdoba.

ATE afirmó que se vienen llevando adelante asambleas y reuniones con los equipos jurídicos para presentar recursos de consideración que tengan en cuenta que las y los trabajadores que cumplen funciones en Sierras Chicas viven allí, ya que la nueva asignación los aleja más de 30 kilómetros de distancia de sus hogares. Esto repercute en su dinámica de vida, en su organización familiar. Es una decisión que no solo repercute negativamente en toda la comunidad de las Sierras Chicas, sino también en las y los profesionales.

Se llevará adelante una Asamblea el día lunes 14 de abril para solicitar una respuesta a los recursos de consideración. El Sindicato aseguró que hacen responsable de esta decisión arbitraria a la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, a la secretaria de Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Julia Reartes y al Gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora.