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La Justicia provincial de Córdoba dictó el sobreseimiento del Secretario General de ATE, Federico Giuliani, en el marco de la causa ilegítima en la que el fiscal Ernesto De Aragón había procesado al dirigente por “entorpecimiento al transporte” mientras ejercía su derecho a la protesta en la «Marcha Contra el Hambre» del año 2023. ATE celebró el fracaso del intento de disciplinamiento.

La sentencia de la Cámara de Acusación del Poder Judicial de Córdoba marca un punto de inflexión respecto al acoso judicial que viene sufriendo Giuliani al ejercer el derecho constitucional a la protesta que fija el artículo 14 de la Carta Magna.

Ahora la Cámara dió la razón a los defensores letrados del dirigente estatal que fundaron su rechazo a la elevación a juicio, impulsada por el fiscal, en el derecho internacional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, dictada recientemente, entre otros argumentos.

El Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, acusó a De Aragón de ser el brazo ejecutor del cordobesismo y afimó: “Se trata de un intento por disciplinar la protesta social. Nosotras y nosotros ratificamos la inconstitucionalidad de la imputación por lo que nuestro camino seguirá siendo la unidad, la lucha y la calle”.

El fallo fija entonces un claro límite al Gobierno de Córdoba sobre los intentos por frenar la protesta social y fundamentalmente a la Justicia obediente con esa intensión.

La Cámara estableció que no existe a nivel provincial una legislación similar a la nacional a los fines de regular el derecho a la protesta que impuso el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, que habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir ante casos de supuestos impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales que promovió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.