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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza expuso hoy –en la Comisión de Senadores de la Provincia cuyana- sobre el tratamiento del proyecto de ley del Adicional Cuidado Directo y Permanente, para los trabajadores de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y de la Dirección General de Protección de Derechos (DGP). Desde el Sindicato se priorizó el ámbito paritario como lugar idóneo para discutir negociaciones colectivas de trabajo que infieran en modificaciones de las condiciones salariales y laborales de las y los trabajadores estatales del Régimen 15.

“La vulneración de derechos que hace el Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza, que encabeza Tadeo Zalazar, en contra de los trabajadores, presentando unilateralmente adicionales, ha flagelado los derechos civiles, laborales y constitucionales que tienen los trabajadores. Jamás escuchamos tantas mentiras de un Ministro y nunca nos juntamos con él”, apuntó Roberto Macho, Secretario General de ATE Mendoza, tras confirmar: “Planteamos que el marco legal para establecer adicionales y las normativas laborales de los trabajadores es la Ley 9.068, Convenio Colectivo de Trabajo del Régimen 15. También presentamos el Acta Paritaria solicitándole al Ministro las audiencias técnicas para crear los adicionales. No obstante, el mismo Ministro no se quiso sentar con los sindicatos”.

Otro aspecto que destacó ATE Mendoza en la comisión legislativa consistió en plantear la necesidad de concretar el pase a Planta interino de todas y todos los trabajadores contratados, prestadores y por convenio, hasta tanto se llamen a concursos, ya que ni el Gobierno ni la Legislatura pueden naturalizar la existencia de trabajadoras y trabajadores precarizados en la Provincia de Mendoza.

En este sentido, el referente sindical de la ATE mendocina remarcó: “Los trabajadores tienen que pasar a Planta. El Poder Ejecutivo debe llamar a una audiencia para comenzar a trabajar con el listado de pases a planta que presentamos ayer en la Subsecretaría de Trabajo. El Gobierno debe llamar para tratar los adicionales específicos, sin vulnerar los derechos de los trabajadores y respetando la legislación vigente. Lo que tratamos de decir es que este sindicato está dispuesto a discutir, en el marco de la ley y con buena fe negocial. No como hizo el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, de manera unilateral y violando la legislación vigente”.

Desde el Sindicato lamentaron que el Gobierno no desarrolle una política concreta de inserción para los jóvenes y niños que están internados, que contemple mejoras en las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores. Además, se repudió que el Poder Ejecutivo no cuente con una política de seguridad para las y los trabajadores de la DRPJ, quienes en estos momentos están padeciendo presiones, persecuciones y malas condiciones laborales.

“Queremos decir que este ítem unilateral es mentiroso, porque no cuida a nadie, ni a los trabajadores, ni a los internados. De forma permanente, se están produciendo motines en la DRPJ y lo que pretenden hacer con este adicional es tapar la desgracia que viven allí adentro los trabajadores y todos los jóvenes internados. Es un adicional extorsivo”, fustigó Adriana Iranzo, Secretaria Adjunta de ATE Mendoza.

Como asociación sindical que representa de manera mayoritaria a las y los trabajadores del Régimen 15 en la Provincia de Mendoza, ATE desmintió que el Gobierno consultara con los gremios el mencionado adicional, además de condenar el carácter ilegítimo, inconstitucional y coercitivo que reviste la imposición de tal ítem.

Para concluir con su intervención, el Secretario General de ATE Mendoza elevó un claro mensaje al Gobierno y a las y los legisladores de Mendoza: “No vulneren el ámbito paritario. Las condiciones laborales, adicionales específicos y salarios, deben tratarse en los lugares naturales de negociación colectiva: las Paritarias. Los legisladores no pueden paritar las condiciones laborales, porque eso conlleva mayor precariedad y una falta de institucionalidad concreta, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, si llegan a aprobar ese proyecto de ley”.