Las y los trabajadores de la ex Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales de Santa Cruz (AMA) nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Provincia, se declararon en Estado de Alerta luego de que el Gobierno santacruceño presentara un proyecto de ley para crear el Ente Autárquico Radio y Televisión Santacruceña (RTS), una estructura que pretende integrar a LU14 Radio Provincia y LU85 Canal 9 bajo una misma administración “autónoma y moderna”.

Sin embargo, detrás del discurso de la autarquía y la eficiencia, ATE Santa Cruz advierte que la iniciativa fue elaborada a espaldas de las y los trabajadores, sin consulta ni participación alguna, y que podría reabrir heridas del pasado reciente con la recordada disolución de la ex AMA.

ATE Santa Cruz, en defensa del trabajo y la participación

Desde el Sindicato remarcaron que la historia no puede repetirse y que cualquier reforma en los medios públicos provinciales debe garantizar la voz y la presencia de sus trabajadoras y trabajadores.

“Siempre con los trabajadores adentro”, sostuvieron desde ATE Santa Cruz, que acompaña a las y los empleados de la Subsecretaría de Producción y Contenido –ex AMA- en su reclamo por ser parte de las discusiones que los afectan directamente.

La ATE santacruceña denunció que el proyecto fue presentado sin abrir instancias de diálogo, sin explicaciones sobre el futuro de los equipos técnicos ni del personal que hoy sostiene la programación y la producción local. Para el Sindicato, no hay modernización posible sin participación ni derechos garantizados.

Una “autarquía” con control político

El proyecto, impulsado por los diputados Daniel Peralta y Pedro Luxen, crea un ente con personería jurídica propia, autonomía funcional y financiera, y la posibilidad de generar recursos mediante publicidad, coproducciones y convenios.

Sin embargo, el esquema de conducción que plantea el texto mantiene el poder concentrado: dos miembros del Directorio serán designados por el Poder Ejecutivo, otro por la primera minoría legislativa, uno por el sindicato con representación en el ente y un síndico.

Desde ATE Santa Cruz advierten que esa composición reproduce la lógica del control político sobre los medios públicos, disfrazada de independencia administrativa.

Lo que preocupa al gremio

La posibilidad de que RTS maneje fondos propios, comercialice espacios publicitarios y celebre acuerdos con privados despierta inquietud entre las y los trabajadores.

La ATE santacruceña alerta que esa “autonomía financiera” puede transformarse en una herramienta para tercerizar funciones, desplazar producciones locales o priorizar intereses comerciales por encima del rol social de la comunicación pública.

El proyecto también fija que solo el 5% de los ingresos generados será destinado a mejorar condiciones laborales y equipamiento, un porcentaje que el gremio considera irrisorio frente a las verdaderas necesidades de inversión y modernización de los medios provinciales.

La memoria de AMA como advertencia

Para las y los trabajadores, este proyecto revive el fantasma de la Agencia AMA, una estructura que fue presentada años atrás con argumentos similares –autonomía, eficiencia, modernización- y terminó dejando desorganización y pérdida de espacios laborales.

Por eso, ATE Santa Cruz ratificó su posición: “No se puede avanzar sobre los derechos ni sobre la historia de los medios públicos provinciales sin tener en cuenta a quienes los sostienen cada día”.

El Sindicato exige ser parte de la discusión desde el inicio, no como invitados de piedra una vez que la ley esté sancionada. La defensa de los medios públicos, sostienen, no se construye desde los escritorios, sino desde los estudios, las redacciones y las cabinas.

La verdadera modernización empieza con diálogo

Mientras el Gobierno habla de “identidad santacruceña” y “proyección nacional”, ATE Santa Cruz recordó que la identidad no se decreta, se construye con trabajo, participación y respeto por la voz de las y los trabajadores.

El Sindicato continúa en Estado de Alerta y no descarta nuevas medidas si el Ejecutivo y la Legislatura insisten en avanzar con la ley sin incorporar sus reclamos.