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El Gobierno Nacional decidió levantar las barreras de control fitosanitario del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a la altura de La Adela y 25 de mayo (La Pampa) y Bahía Blanca (Buenos Aires) para unificarlas con las zoosanitarias que se encuentran al sur en Río Colorado y Catriel (Río Negro). Las y los trabajadores nucleados ATE Río Negro se declararon en alerta: la modificación –que ya se hizo operativa- libera la zona a la proliferación de la mosca de los frutos poniendo en riesgo el estatus sanitario de la región.

“La decisión de las autoridades de SENASA, presionadas por el Gobierno, no tiene ningún aval normativo. Esto podría también poner en riesgo la condición de zona libre de la mosca de los frutos a la Patagonia, que le permite exportar frutas a los mercados más importantes del mundo a cambio de una auditoría permanente de China, Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Brasil”, dijo Walter Wertmuller, delegado de ATE en SENASA.

“El Estado se aleja de la recomendación de los organismos internacionales y las propias normativas de SENASA. Ni siquiera lo consulta con los productores patagónicos”, agregó Wertmuller, que además aseguró: “Desde ATE no vamos a dejar que destruyan el prestigio de SENASA y más de 20 años de trabajo acumulado, para rifar el organismo al control privado bajo la falacia de que el Estado es ineficiente”.

El delegado explicó que los controles fitosanitarios tienen una sistema de tramperas alrededor que evitan el desarrollo de plagas. Su levantamiento y unificación con barreras zoosanitarias implicará poner en riesgo el cordón de chacras al sur de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

La motosierra del Gobierno obligó a las autoridades de SENASA a buscar una alternativa para optimizar recursos que, sin embargo, afectan directamente la sanidad alimentaria con posibles efectos devastadores en la producción frutícola de la región. Los gobiernos de la Patagonia tampoco hicieron frente al escenario con un esquema de financiación propio.