Opinión

Desde la Secretaría de Derechos Humanos repudiamos el reciente dictamen en comisiones de la iniciativa oficialista que busca reducir la edad de punibilidad a 14 años. La propuesta fue respaldada por la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, alcanzando 77 firmas para su debate en recinto, y generando una firme oposición por parte de Unión por la Patria y el Bloque de Izquierda. Este avance legislativo representa un golpe significativo a la concepción de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud desde una perspectiva de Derechos Humanos.

La insistencia en la baja de la edad de punibilidad criminaliza a adolescentes que, en muchos casos, son víctimas directas de la exclusión social, la violencia sistémica, la desigualdad estructural y el desamparo por parte de un Estado que no sólo no aborda las causas fundamentales del problema, sino que se desentiende de su rol como garante de derechos fundamentales.

La firmeza con la que se impulsa esta medida contrasta dolorosamente con la vulnerabilidad de las vidas que pretende regular, vidas que demandan protección genuina, comprensión profunda y oportunidades reales, no un camino prematuro y estigmatizante hacia la criminalización, en una sociedad que parece haber abandonado la empatía y naturalizado la crueldad.

Este tipo de iniciativas no es novedosa, ni legítima, ni efectiva, ni tampoco necesaria. La reducción de la edad de punibilidad no es una solución a los problemas de inseguridad en los que se ven involucrados NNyA; por el contrario, profundiza su estigmatización e introduce prematuramente en un sistema penal que a menudo reproduce exclusión y violencia. Penalizar a NNyA cada vez más jóvenes evade la responsabilidad primordial de abordar las complejas causas de los comportamientos transgresores en jóvenes en barrios marginados: falta de oportunidades educativas y laborales, hambre, explotación infantil, control narco y ausencia de afecto social y desarrollo integral. Estas raíces interconectadas exacerban la violencia y requieren soluciones integrales y sensibles.

Las alarmantes estadísticas que revelan la vulneración sistemática de los derechos de la mayoría de los NNyA en Argentina, con altos índices de pobreza multidimensional y millones sin acceso diario a una alimentación digna, exigen una respuesta estatal urgente y coordinada que aborde las causas estructurales profundas que los llevan a conflictos con la Ley Penal.

Argentina se encuentra en una encrucijada ética y política con profundas implicancias para su futuro. La decisión de avanzar con la reducción de la edad de punibilidad no solo representa un retroceso en derechos humanos, sino también una falta de comprensión de las complejas problemáticas sociales que subyacen a los comportamientos de adolescentes que infringen la ley y que requieren respuestas integrales y sensibles.

Reafirmamos la obligación del Estado argentino de garantizar los derechos de todos sus NNyA, implementando políticas públicas integrales guiadas por la empatía y la dignidad inherente, que prioricen la prevención efectiva, la inclusión social genuina y la reinserción social significativa por encima de la sanción temprana y punitiva.

En este punto crítico, es necesario un compromiso firme con el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de NNyA y con lxs trabajadorxs que lo sostienen con dedicación a pesar de contextos adversos y condiciones laborales precarias.

Desde ATE llamamos a diputados y diputadas a rechazar el proyecto de ley, que no hace más que profundizar la vulnerabilidad de quienes más necesitan la protección activa y sensible del Estado, especialmente en una sociedad tendiente a un individualismo extremo y con una creciente pérdida de humanidad y comprensión hacia quienes más sufren el desmantelamiento de un Estado presente y garante de derechos. La crueldad avanza, y de aprobarse este proyecto estarán siendo cómplices de su legalización.

*Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos