ATE expresó su profunda preocupación ante la reciente audiencia pública, realizada el 3 de noviembre, en el marco del llamado a licitación de la Vía Navegable Troncal sobre el Río Paraná y el Río de la Plata por irregularidades y falta de transparencia en el proceso. Además, denunció que el proceso se desarrolló sin presentar un proyecto de obra que contemple la evaluación de impacto ambiental y sin garantizar la participación real de las comunidades afectadas. 

Se trata de la administración de una de las vías que facilita la salida e ingreso de mercancías al país y la región desde el océano Atlántico. El Gobierno  nacional vuelve a colocar el control del principal corredor fluvial del país en manos de grandes intereses privados y extranjeros, fortaleciendo el modelo extractivista que prioriza el negocio del comercio agroexportador sobre la soberanía, el ambiente y las economías regionales y locales.

“Tampoco se consideraron alternativas de gestión pública adecuadas, ya que desvincularon y disolvieron el Ente de Control de la Vía Navegable Troncal, organismo con participación de las provincias y competencia en el tema. El Estado está entregando la administración del río sin un debate democrático sobre qué tipo de desarrollo queremos”, remarcaron desde ATE.Y agregaron: “Nuestros Ríos no son una ruta comercial, es un sistema vivo. Defenderlo, es defender la soberanía y el futuro de nuestro territorio”. 

Además, ATE subrayó que no hubo intervención de la autoridad nacional ambiental en la audiencia pública, a pesar de la magnitud del proyecto. Por eso El Sindicato motorizó el reclamo el cual estuvo acompañado por 247 personas, entre ellos intendentes, legisladores, científicos, la Defensoría del Pueblo de la Nación, entidades ambientalistas, productores, trabajadores del Paraná y el Río de la Plata, y la ciudadanía en general. 

La principal preocupación radica en el daño ambiental que ya se produjo con el Dragado que se está realizando hace más de 30 años para sostener la vía navegable y que produce derrumbe de costas, desaparición de playas, cortes de islas, taponamiento de riachos y arroyos, que afectan la flora y fauna autóctona ictícola y silvestre, la pesca artesanal y comercial y el turismo. La licitación, prevista por un plazo en la concesión de 30 años, profundizará el daño.

Es importante destacar que también el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires expresó sus disconformidades a través de una nota presentada ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) que resalta la invalidez del proceso. 

ATE cuestionó la falta de apoyo a las obras como las realizadas en el Canal Magdalena, alternativa ambiental que requiere un dragado y mantenimiento menor y que reduce tiempos de navegación en favor de la soberanía nacional.

Por eso el Sindicato instó a la suspensión del proceso licitatorio hasta que se ponga en conocimiento público el proyecto técnico y evaluación de impacto ambiental profesional y se garantice el proceso de participación ciudadana efectiva y acceso completo a la información.

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