Noroeste

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través del Departamento Derechos de los pueblos, integra la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos y viajó a la provincia de Jujuy entre el 9 y 11 de octubre. En representación de ATE, estuvo presente María José Cano, directora del Departamento.

El objetivo del viaje, fue el relevamiento de vulneraciones a los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy. Divididos en tres comisiones, 16 integrantes actuaron con cabecera en San Salvador de Jujuy, Libertador General San Martín,  Quebrada de Humahuaca y zonas aledañas, tomando testimonios, relevando fotográficamente algunas de las problemáticas expuestas y sistematizando una serie de casos que permiten una aproximación al estado actual de los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy.

En total se relevaron 43 casos en sólo 48hs, que fueron agrupados en categorías.

La Comisión, integrada por organismos y militantes por los Derechos Humanos, señaló la preocupante situación referida a la violencia de género y su cara más extrema, los femicidios.

Otra de las vulneraciones a los derechos humanos relevadas fue la persecución sistemática, criminalización, estigmatización, judicialización y detención de opositores políticos al actual gobierno, sumado a la persecución de abogades que defienden causas contrarias a los poderes establecidos, lo cual deteriora de manera muy preocupante los principios republicanos que consagra nuestra Constitución Nacional.

A la vez, causó una marcada preocupación la aplicación indiscriminada, arbitraria y criminalizante del Código Contravencional establecido mediante la ley provincial 5860, que es utilizado para castigar especialmente los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Los casos, tienen como principales responsables en la vulneración de los Derechos Humanos al Estado en sus tres esferas, municipal, provincial y nacional, como así también a las corporaciones del sector privado que funcionan en connivencia con el Estado.

Los 43 casos relevados y agrupados fueron sitematizados en las siguientes categorías:

• Vulneración de derechos de los pueblos originarios –se percibe en seis casos denunciados- 
• Deterioro de la calidad institucional –se percibe en 21 casos denunciados-
• Violencia policial –se percibe en siete casos denunciados-
• Acceso a la tierra –se percibe en cuatro casos denunciados-
• Derecho al ambiente sano –se percibe en tres casos denunciados-
• Violencia de género/femicidios –se percibe en cinco casos denunciados-
• Criminalización –se percibe en tres casos denunciados-
• Impunidad estatal –se percibe en cuatro casos denunciados-
• Impunidad de actores privados –se percibe en dos casos denunciados-
• Violencia de la corporación local –se percibe en un caso denunciado-
• Acceso a la salud –se percibe en un caso denunciado-
• Acceso al deporte y la recreación –se percibe en un caso denunciado-
• Derechos de niños, niñas y adolescentes –se percibe en un caso denunciado-
• Desaparición de personas –se percibe en un caso denunciado-
• Homicidios –se percibe en tres casos denunciados-
• Derechos Humanos en contexto de encierro –se percibe en un caso denunciado-
• Discriminación –se percibe en un caso denunciado-
• Violencia laboral –se percibe en un caso denunciado-

La enumeración es taxativa y será desarrollada y profundizada en un informe final que redactará la Comisión.

La comisión está conformada por abogados, periodistas y referentes de las siguientes organizaciones:

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Civil Derecho Popular, Asociación de Trabajadores del Estado – ATE-CTA Autónoma Nacional, Comité por la Libertad de Milagro Sala Córdoba, Corriente Política y Social La Colectiva Córdoba, Espacio Jurídico Deodoro Roca, Frente Patria Grande, Kasa Compañera Córdoba, Movimiento de Participación Estudiantil (MPE), Nuevo Encuentro- La Matanza, Trabajadores Unidos por la Tierra (UTEP).