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ATE repudia y rechaza la reciente sentencia dictada por el juez Javier Ríos del TOCF3 contra los compañeros César Arakaki (PO) y Daniel Ruiz (PSTU) con penas de tres años y cuatro meses y tres años de prisión respectivamente, por haber participado en la masiva movilización contra la reforma jubilatoria de Macri el 18 de diciembre de 2017.

Tras casi dos años de proceso judicial, el juez determinó la sentencia por considerarlos coautores de “lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas”. Sentencia inaceptable y arbitraria, ya que curiosamente se dicta aun cuando la querella se había retirado del juicio por falta de pruebas, validando sin tapujos la persecución política, criminalización de la protesta social y en particular de luchadorxs populares. 

 Una decisión de estas características, pretende constituirse en un mecanismo disciplinador y de amedrentamiento para los pueblos organizados y que luchan frente a tantas injusticias, producto de la implementación de políticas neoliberales en nuestro país. Sobre esa misma base y la misma movilización del 17 de diciembre, también se encuentra Sebastián Romero (PSTU) cumpliendo prisión domiciliaria, por quien continuamos exigiendo su libertad y desprocesamiento.

La libertad de los presxs por luchar, es una bandera de nuestra organización y es inclaudicable, como también ahora el reclamo por la absolución de Arakaki y Ruiz. Rechazamos la sentencia contra los compañeros y nos convocamos a redoblar fuerzas para poner freno al destino que quieren imponer a lxs luchadorxs populares.

 Lejos de amedrentarnos, seguimos en lucha. 

María José Cano, Directora del Departamento de Derechos de los Pueblos

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General ATE Nacional