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Ayer 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y a 38 años de la Recuperación Democrática, por la madrugada Lucas de 16 años fue asesinado en Miramar por la Policía de la provincia de Buenos Aires, mientras que por la tarde se conocía que Agustín de 14 años muere el jueves por la noche luego de ser embestido por un móvil de la misma fuerza en General Rodríguez.

Hechos gravísimos y estremecedores, cuando aún no salimos de la consternación por el asesinato de Lucas de 17 años asesinado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires y de tantos otros pibes, que interpelan a la opinión pública y movilizan a una parte de la sociedad que no naturaliza ni avala las violencias policiales.

Una violencia policial/estatal que va al nudo de la lucha por los derechos humanos, que tiene en su seno un sesgo clasista y racista sustentando la persecución, criminalización y hasta la muerte de adolescentes y/o jóvenes de los sectores más desfavorecidos. Hace años venimos denunciando que no son prioridad para las agendas de gobierno, y que es el rango etareo al que el Estado les debe la mayor protección. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en lo que va de este año, se registraron 101 casos de uso letal de la fuerza.

Más asesinatos en manos de la policía, una brutalidad que se despliega en los territorios de manera sistemática, no son casos aislados. Verdugueo, abusos, hostigamiento, persecuciones, ejecuciones, torturas y desaparición forzada seguida de muerte, son prácticas reforzadas por las representaciones y el odio transmitido en distintos discursos en la esfera pública, que las refuerzan y activan, legitimando así la violencia policial/estatal.

Seguiremos disputando el sentido de esos discursos, rechazando y denunciando todo acto o práctica de violencia estatal, exigiendo que se condene la violación a los DDHH y justicia e investigaciones rigurosas y efectivas para todos los pibes asesinados por las fuerzas de seguridad.

Nuestra mayor solidaridad con familiares y amigxs de las víctimas. 

María José Cano, Directora Depto. Derechos de los Pueblos ATE