Departamento de Género

Desde la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional se lanzó un comunicado sobre la medida anunciada por el Gobierno de Javier Milei con la que se impulsará la eliminación del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional.

A continuación, el comunicado completo:

El Gobierno prohíbe el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género

El Gobierno de Javier Milei anunció hoy a través de su vocero presidencial, Manuel Adorni, que prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración Pública Nacional. ¿Qué implica esta decisión y qué consecuencias trae?

Desde la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional creemos que la decisión del presidente de prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración Pública Nacional se trata de una nueva vulneración de derechos, que desconoce marcos normativos vigentes. Javier Milei intenta, por un lado, impregnar al Estado con su programa antifeminista promoviendo la discriminación como perspectiva de gobierno y, por otro, generar medidas que pongan a discutir a la sociedad mientras avanza el empobrecimiento general.

Hay una intencionalidad marcada en mezclar lenguaje inclusivo con perspectiva de género. ¿Cómo se implementaría esa prohibición? ¿Cómo eliminar prácticas concretas que tienden a la equidad? Prohibir la perspectiva de género es ir contra la legislación nacional y contra todos los tratados internacionales en la materia.

La decisión comunicada que también prohíbe la perspectiva de género, va a generar graves consecuencias en la posibilidad de dar respuestas frente a denuncias y prevención de casos de violencia de género.

La ampliación de derechos es un proceso y una inversión del Estado en acciones concretas que permitan que las leyes sean efectivas y transformen la vida de las personas. En relación al lenguaje inclusivo desde su implementación, se logró avanzar con recomendaciones aunque no se implementó en muchas reparticiones por obstáculos administrativos y porque la construcción de buenas prácticas siempre lleva tiempo. Creemos que este Gobierno retrocede y pretende borrar esta perspectiva que se gestó al calor de las denuncias por femicidios y transfemicidios y de la visibilización de profundas desigualdades.

El lenguaje tal como se construyó no es ingenuo, es un instrumento de transmisión y construcción de sentido común y además un insumo clave para visibilizar identidades sexogenéricas y reconocer los derechos de sectores de la población históricamente excluidos, discriminados y relegados.

Sostenemos que esta medida es una forma más de vaciamiento de la 27.799 “Ley Micaela” sancionada en diciembre de 2018 y  promulgada el 10 de enero de 2019 que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Tal vez el presidente omite que la Ley Micaela representó una forma de reparación no punitiva para la familia de Micaela que podría estar viva si se hubieran hecho bien las cosas. Esta ley es una política pública que promueve un cambio cultural cuyo principal objetivo es prevenir y erradicar la violencia machista, los femicidios y transfemicidios a través de la capacitación y la concientización de dicha problemática. Una herramienta fundamental que genera acciones concretas para alcanzar una sociedad libre de violencias y desigualdades de género.

La perspectiva de género implica contar con una sensibilidad capaz de poder detectar y trabajar para erradicar cientos de años de violencia, dominación, desigualdad, desventajas y sometimiento de un grupo social hacia otro, implica derribar mitos que afectan a un determinado grupo social, cuestionar estructuras, normas y el sentido común construido que generan opresión, violencia o discriminación hacia las mujeres y personas LGBTIQNB+. La perspectiva de género contempla, además, otras dimensiones que generan desigualdad social como la clase, el origen étnico, territorial y racial, la identidad de género y la orientación sexual.

El problema es que la violencia que ejerce el Gobierno es brutal, son los tuits, los discursos, la simbología, pero también son las acciones que llevan adelante el cierre del INADI, los límites para cobrar el salario familiar, los despidos en la línea 144 y 137. Lo grave es lo que dice y lo que hace. Condenar y organizarnos frente a cada una de estas provocaciones no es distraernos de los problemas importantes, es sostener que forma y contenido van juntas y es necesario dar pelea ahí donde la violencia se gesta.