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ATE llevó el plan de lucha de las y los trabajadores de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a la Defensora de los niños, niñas y adolescentes, Amelia López, y se movilizó desde media mañana a la esquina de Buenos Aires y Larrañaga, en barrio Nueva Córdoba, a la sede de la Defensoría para reclamar definiciones de la funcionaria sobre la pésimas condiciones de precarización laboral en la SENAF, condiciones que afectan directamente la garantía de derechos de las niñeces y juventudes bajo guarda del organismo.

En la oportunidad, el cuerpo de delegadas y delegados de ATE SENAF, encabezados por el secretario General de ATE Córdoba Federico Giuliani, exigieron a López que tenga una intervención efectiva sobre la situación de la SENAF y deje de lado la política decorativa de la Defensoría. “Es muy pobre la presencia de la Defensoría en la Senaf. Y si la hay no sirve para nada. Por eso invitamos a Amelia López a que vaya las residencias para que vea en qué condiciones de vida los tienen a los niños, durmiendo con colchones en el suelo, con edificios que se caen a pedazos. Si ella considera que los trabajadores vulneramos los derechos, que ve que es el Estado provincial quien los vulnera”, reclamó la delegada de ATE, Irina Silberman.

La mención hace referencia a una nota que la funcionaria envió a nuestro secretario General, intimando al gremio a que retenga el plan de lucha y evite las asambleas. La respuesta desde ATE fue ganar nuevamente la calle.“Ya en plena pandemia nos llevamos puestos al peor secretario de la SENAF de la historia de Córdoba, José Piñero, y no nos va a temblar la mano para hacer lo mismo con otros funcionarios si no hay respuesta para los laburantes. Lo que no puede pasar en democracia es sancionar o judicializar a los trabajadores por hacer asamblea como sucedió en el Complejo Esperanza la semana pasada, una actitud que le adjudicamos al coordinador Antonio Franco”, explicó en su momento Giuliani, en una protesta frente al Ministerio de Justicia y DDHH provincial.

Ahora, ATE redobló la apuesta y convocó a llevar el reclamo a las oficinas de Amalia López. Nos preocupa el Estado de desidia general, ya sea en las residencias, en el Complejo Esperanza e inclusive en el espacio del tercer sector o las ONG donde mandan a los jóvenes. Se tiene poco control de las condiciones en que viven. Podemos nombrar Remar o Mamá Antula, uno denunciado por presunta explotación laboral y el otro por abuso sexual contra el responsable del lugar”, agregó la delegada Virginia Ayala.

Otro costado del problema es el escaso presupuesto que tenemos para trabajar con los jóvenes en conflicto con la ley penal. Las delegadas explican que “a los chicos los hacen trabajar con el PPP (Programa Primer Paso) por 30 mil pesos por 20 horas semanales, un insulto porque los estamos formando a un inicio de su vida laboral a través de la explotación”.

Y denuncian que el área Penal Juvenil cuenta con presupuestos mínimos. “Vale preguntarse por qué tan escasos recursos y personal tan precarizado. Desde 2017 no hay contratos, la precarización es total y absoluta, los sueldos están todos por debajo de la línea de la pobreza”, señalan. ¿Alguien puede imaginar que esta situación dejará sin afectar a las y los usuarios del sistema?

“La Defensora Amelia López es cómplice sobre lo que está pasando con las y los niños y adolescentes en guarda de SENAF, se jacta de defenderlos pero a su vez es cómplice de la precarización laboral. También vamos a sacar a la luz las situaciones de violencia adentro del Complejo Esperanza y en las residencias de SENAF, donde en los últimos tiempos hubo estallidos”, concluye Silberman.

La respuesta de ATE es organizativa y se expresa el crecimiento de afiliados y afiliadas, a pesar de las persecuciones constantes desde el gobierno provincial. “Pudimos sumar compañeros y compañeras en las distintas sedes de la SENAF, que ven en el camino organizativo en ATE algo fructífero. Estamos dispuestos a pelear por nuestros derechos. Saben que no vamos a negociar la dignidad de ningún trabajador”, dijo Ayala.

“Era necesario venir a la Defensoría porque son organismos de contralor en relación a los derecho de las niñeces y las juventudes”, concluye la delegada.