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La ATE Corrientes viene denunciando que las y los trabajadores estatales provinciales de Corrientes cobran los salarios estatales más bajos de todo el país, y en ese mismo marco acota que entre el sector de la administración pública provincial y el sector municipal, el 80% de las y los trabajadores están inmersos bajo la línea de pobreza.     

“El salario real de las y los trabajadores municipales promedia entre los 150.000 y los 200.000 pesos”, estimó el Secretario General de la ATE Corrientes, Walter Zamudio, respecto a la pauta salarial que rige en la mayoría de los municipios de la provincia que tiene como causas muy marcada por el dirigente “en que casi el 40% de las y los trabajadores prestan servicio al Estado bajo modalidades de precarización como son el contrato, las becas y planes de trabajo que imponen los municipios”.

Esta realidad parte en que la provincia de Corrientes no tiene en funcionamiento los Convenios Colectivo de Trabajo (CCT), no porque no existan sino porque fueron aprobados pero nunca entraron en vigencia por la negativa de los sucesivos gobiernos provinciales.

Según El Consejo Directivo Provincial en los últimos años ha aumentado  con fuerza la tercerización  y la precarización, como también la tercerización de servicios y cuyo efecto ha sido la creación de empresas vinculadas con el Estado provincial, favoreciendo más la subcontratación de trabajo. “Ese criterio laboral ha generado un impacto negativo en la financiación de la obra social  provincial” apunta Zamudio.

También subraya el dirigente que la figura del monotributista, que se ha extendido por igual en la administración pública provincial y municipal, desfinancia por igual al Instituto de Previsión Social (IPS), la caja jubilatoria que la provincia aún conserva, “porque como monotributista aporta al sistema nacional” o sea, agrega el dirigente correntino “es el propio gobierno provincial el que con su política precarizadora daña y destruye al sistema de jubilación y a la obra social”.

La ATE ha realizado numerosas denuncias contra esta lógica de gobierno que interviene contra las relaciones laborales al negar los CCT; al desfinanciar las cajas provinciales y también al intervenir todos entes autárquicos, entre los que se encuentran la propia obra social (IOSCor) y el Instituto de Vivienda (INVICO), entre otros.       

El sindicato señala que el gobierno mantiene estable sus recursos presupuestarios, dado que no ha perdido ingresos coparticipativos y la buena relación que el gobierno provincial mantiene con la administración nacional  permitió que el gobierno pueda hacerse cargo de la obra pública y del incentivo docente, áreas donde Nación se ha desligado.

“Esto muestra que los recursos financieros están, por esos es necesario que los salarios se recuperen. Hay que acabar ya con estas políticas autoritarias que precarizan al trabajador y a la trabajadora y quitan recursos a nuestras cajas que son recursos generados por las y los correntinos para las y los correntinos”, sentenció Zamudio.